Cada 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha que invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los consumidores en un mundo cada vez más digitalizado. En Argentina, el crecimiento del comercio electrónico, las plataformas de servicios digitales y el uso masivo de datos personales han generado nuevas necesidades en materia de regulación y protección. Uno de los aspectos más críticos en la defensa del consumidor digital es la ciberseguridad, ya que el robo de datos, el fraude online y las vulnerabilidades en sistemas digitales afectan directamente a los derechos de los consumidores. La Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326), sancionada en 2000, ha sido un marco clave para resguardar la privacidad de los ciudadanos, pero su actualización resulta urgente ante los avances en inteligencia artificial, big data y las nuevas formas de comercio digital. La transparencia en el uso de datos, el derecho al olvido, la seguridad en transacciones y la responsabilidad de las empresas tecnológicas son cuestiones fundamentales que requieren una evolución normativa acorde con la realidad actual.
Desde una perspectiva de política pública, el fortalecimiento de la protección del consumidor digital en Argentina debe basarse en dos pilares esenciales: la modernización de la legislación y la implementación de mecanismos efectivos de ciberseguridad. Es imprescindible una reforma integral de la Ley de Protección de Datos Personales para alinearla con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, garantizando así mayores derechos y controles sobre el uso de la información personal. Además, el Estado debe promover políticas de educación en ciberseguridad para consumidores, estableciendo estrategias de concientización sobre phishing, fraudes en línea y uso seguro de plataformas digitales. También se requiere una mayor fiscalización de las empresas que gestionan datos, asegurando el cumplimiento de normas estrictas en seguridad informática y la responsabilidad ante filtraciones o vulneraciones. En un mundo donde los datos son el activo más valioso, la protección de los consumidores digitales debe ser una prioridad tanto para el Estado como para el sector privado, garantizando un ecosistema de consumo confiable, seguro y transparente.
