El 4 de abril se conmemora el Día Internacional contra la Vigilancia Masiva, una fecha que invita a reflexionar sobre la creciente intrusión de los estados en la privacidad de los ciudadanos. La vigilancia masiva, aunque presentada frecuentemente como una herramienta para garantizar la seguridad nacional, plantea serias amenazas a las libertades individuales y a los derechos humanos fundamentales.
En países no democráticos, como China, la vigilancia estatal ha alcanzado niveles alarmantes. Informes de Human Rights Watch denuncian la construcción de un “Estado de vigilancia orwelliano” en China, donde tecnologías avanzadas son utilizadas para monitorear y controlar a la población, especialmente a minorías étnicas como los uigures en la región de Xinjiang. Se estima que más de un millón de personas han sido detenidas en “campos de reeducación”, mientras que millones de cámaras vigilan todos los rincones del país.
La implementación de sistemas de vigilancia masiva no se limita a China. En Nicaragua, por ejemplo, el régimen de Daniel Ortega aprobó en noviembre de 2024 una nueva Ley de Telecomunicaciones que otorga al gobierno amplios poderes para controlar contenidos televisivos e internet, intensificando la represión y el espionaje digital. Esta ley permite la intervención de llamadas y la difusión de campañas de desinformación, representando una amenaza significativa para la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos.
La vigilancia masiva, especialmente en regímenes autoritarios, no solo socava la privacidad individual, sino que también inhibe la libertad de expresión y el derecho a la disidencia. Es esencial que la comunidad internacional tome conciencia de estos peligros y promueva políticas que equilibren la seguridad con el respeto a los derechos humanos, garantizando que la tecnología no se convierta en una herramienta de opresión.